Las universidades públicas de Argentina se unen en un llamado a la acción ante la crisis presupuestaria que amenaza su funcionamiento. El próximo 23 de abril, se llevará a cabo una marcha nacional, esperando una participación masiva de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La UBA ha declarado una "emergencia presupuestaria", implementando medidas de austeridad como la restricción en el uso de electricidad y gas. Desde el miércoles, las instalaciones de la universidad se encuentran en condiciones precarias, con aulas a oscuras, sin climatización y con ascensores reservados únicamente para personas con discapacidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró el miércoles que "las universidades no van a cerrar" y que "se ha presentado el 9 de abril un pedido de aumento de partida presupuestaria al cual se le dio curso". A pesar de estas declaraciones, la comunidad universitaria sigue expresando su preocupación por la falta de recursos.
El sector de la investigación científica también se ve afectado, con la suspensión de becas y despidos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Investigadores extranjeros han expresado su apoyo a la ciencia argentina mediante cartas de adhesión. En medio de estas tensiones, el presidente Milei ha denunciado supuestos casos de "adoctrinamiento" en las universidades, compartiendo imágenes de pancartas políticas en su contra. Sin embargo, voces como la de Gabriela Berg, bioquímica y profesora de la UBA, niegan tales afirmaciones, destacando la diversidad política presente en las instituciones académicas.